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España
Los penalistas estudian unir abuso sexual y violación en un solo delito
La comisión de reforma impulsada por Catalá celebra este jueves su
primera sesión en medio de la polémica suscitada por la falta de mujeres
en el órgano asesor
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Mónica Ceberio Belaza

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Madrid 9 MAY 2018 - 23:28 CEST
Manifestantes durante la marcha contra la sentencia de La Manada, el
pasado viernes en Madrid.
Manifestantes durante la marcha contra la sentencia de La Manada, el
pasado viernes en Madrid. Alberto Fanego GTRES

La comisión de codificación, el órgano asesor del Ministerio de Justicia
a quien el ministro Rafael Catalá ha encomendado la tarea de estudiar
una posible reforma de los delitos sexuales tras la discutida sentencia
de La Manada, echa este jueves a andar. Y lo hace en medio de otra controversia: las catedráticas de derecho penal, prácticamente en
bloque, han decidido no participar en la misma exigiendo la presencia de mujeres de forma permanente en el órgano (ahora son solo hombres). Por
lo tanto, lo primero que tendrán que hacer los vocales es estudiar cómo afrontan esta primera cuestión. Después podrían ponerse a trabajar. Si
lo lograran (algo que no está claro aún), una de las principales líneas
de reforma legislativa se refiere a la posibilidad de establecer un
único delito contra la libertad sexual que englobe en un tipo los abusos
y las agresiones sexuales (incluida su vertiente más grave, la
violación). De esta forma el eje pasaría a ser en todos los casos la
falta de consentimiento de la víctima, no la existencia de violencia o intimidación.

Respecto a la primera parte, la composición de la comisión, el lío es mayúsculo. Esta estaba formada por 20 vocales permanentes, todos ellos hombres. Su presidente, Esteban Mestre, anunció que iba a invitar a
participar a seis mujeres catedráticas como vocales adjuntas –es decir, nombradas para esta ponencia en concreto-, pero le fue imposible cumplir
su anuncio. Casi todas, una treintena en total, se han negado a
incorporarse tras firmar dos cartas de protesta colectiva, una de ellas pidiendo la dimisión de todos sus compañeros varones para que se vuelva
a conformar el órgano y este incorpore a mujeres como vocales
permanentes. En medio de la polémica, solo dos accedieron a participar
en la ponencia de delitos sexuales, la catedrática de la Universidad
Carlos III de Madrid Carmen Lamarca y la de la Universidad San Pablo CEU Avelina Alonso, junto a la letrada de las Cortes Blanca Hernández y la presidenta de los abogados, Victoria Ortega –que es vocal nata en
calidad de representante de los letrados-.

Uno de los vocales permanentes ha dimitido por esta cuestión. Otros no
lo han hecho, pero señalan que la comisión en ningún caso puede empezar
a trabajar hasta que no se resuelva este tema. Opinan que la propuesta
de reforma nacería ya deslegitimada, que deben participar en ella un
número representativo de juristas expertas en la materia y que lo
primero que debe abordarse en la reunión del jueves es esto. Si no se
lleva a cabo, algunos vocales no seguirán adelante.

Por otro lado está el fondo de la posible reforma. Lo primero que
deberán acordar los miembros de la comisión es si creen que hace falta reformar el código penal en esta materia. Y, si deciden que sí, proponer
en qué sentido debe hacerse. Uno de los miembros, Manuel Cancio,
catedrático de penal de la Universidad Autónoma de Madrid, opina que si finalmente se sigue adelante con los trabajos lo primero que habría que
hacer es un informe detallado de derecho comparado para ver cómo se
resuelve la cuestión en otros ordenamientos jurídicos y otro informe
sobre cómo se están aplicando estos delitos en España. “No creo que esta reforma deba llevarse a cabo a toda prisa”, opina. “Es una oportunidad
para legislar con criterios técnico-jurídicos y para que se frene el deterioro de la calidad de las leyes penales de los últimos años. Eso
sí, sería imprescindible que, una vez resuelto el problema de la falta
de mujeres en la composición de la comisión, Justicia empiece a contar
con los expertos no solo de manera puntual sino de forma general, como
ocurre en los países de nuestro entorno. La política legislativa la
deciden los políticos, pero la opinión técnico-jurídica es fundamental
para que las leyes estén bien pensadas y los jueces se encuentren con el
menor número de problemas posible a la hora de aplicarlas”.
El ejemplo alemán

Alemania y Suecia, entre otros, han optado por un delito unitario contra
la libertad sexual. En España podría hacerse algo parecido. Otra opción, más sencilla, podría ser llamar violación a los abusos sexuales con penetración, pero esto no resolvería uno de los problemas de la
regulación actual: que gran parte de la sociedad, y muchas víctimas, consideran que la palabra “abusos” quita importancia a ataques contra la libertad sexual que son muy graves –y que de hecho la ley también los considera así al establecer penas de hasta 10 años de prisión-. Se trata
de un debate en gran medida terminológico, pero esto no lo convierte en
un debate menor. Las palabras son muy importantes, y más en delitos de
este tipo.

Por eso se plantea la posibilidad del tipo unitario: un delito genérico
contra la libertad sexual basado en la falta de consentimiento de la
víctima del que podrían colgar distintas agravantes: con acceso carnal
(es decir, la violación, término que podría mantenerse o salir del
código); con violencia; con abuso de superioridad… Esto haría coincidir más el lenguaje común con el que utilizan el código penal y los
tribunales y evitaría que algunos términos ofendan a las víctimas.

Técnicamente se plantea también la posibilidad de simplificar la
redacción de estas infracciones y optar por formulaciones más genéricas
que dejen de lado el actual tenor literal de estos artículos, muy
anatómico, que detalla los tipos de penetración, la introducción de
objetos, de miembros del cuerpo… y que acaba determinando también cómo
son luego los relatos de los jueces y tribunales.

En todo caso, el debate será complicado si antes no se resuelve el
escollo de la composición del órgano, que no es menor: las mujeres catedráticas reivindican que no se legisle sin ellas. Sobre esto, el
ministro de Justicia tendrá la última palabra, porque es el presidente
de la comisión general de codificación y quien nombra a sus miembros permanentes.

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