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29 detenidos en una macrooperación policial en Cataluña por una trama de desvío de fondos de cooperación a entidades afines a Convergència
CATALUÑA

GERMÁN GONZÁLEZ | JAVIER OMS
Barcelona
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24 may. 2018 13:21

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Al menos 29 detenidos en una macrooperación policial en Cataluña EL MUNDO
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La operación 'Estela' es fruto de dos años de investigación y está
dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción

Por el momento han sido detenidas al menos 22 personas

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional han lanzado este jueves una operación que busca en
varias sedes de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona pruebas de una trama de corrupción que desvió subvenciones destinadas a proyectos en países en desarrollo, según han informado fuentes policiales.

Entre los detenidos está Salvador Esteve, ex presidente de la Diputación
de Barcelona por CiU y ex alcalde de Martorell, en la provincia de
Barcelona, según fuentes de la misma institución. El ex alto cargo
estuvo al frente de la Diputación entre 2011 y 2015, y tras la detención técnica durante e registro ha sido puesto en libertad con cargos.
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Los agentes prevén realizar una treintena de detenciones en varios
puntos de Cataluña, en su mayoría mientras duran los registros que
realizan en sedes de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y de
las empresas y entidades que se habrían beneficiado de estos fondos.
Entre los investigados están el alcalde de Tordera y delegado de la Diputación, Joan Carles García, el ex directivo de la Diputación de Barcelona y actual subdirector general de Cooperación Local de la
Generalitat Jordi Castells, y Víctor Terradellas, vinculado a la CATmón,
cuya web está fuera de servicio, y que tiene como objetivo el
reconocimiento internacional de la "nación catalana". También habría
sido detenida la mujer de Terradellas tras el registro policial en Reus, informa Roberto Villarreal.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona investiga desde hace más de un
año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos
millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o
Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona mediante varias entidades en aquella etapa en que era gobernada por Salvador Esteve.

La causa sigue secreta pero el juez acordó la 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de CATmón, ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras. Para
garantizar la ejecución de las entradas y registros, la policía
practicará una treintena de detenciones. La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a
funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.

El operativo permanece abierto y ha contado con refuerzos de agentes desplazados desde Madrid, que se han desplegado en las provincias de
Barcelona, Tarragona y Girona.

Según fuentes policiales, entre las subvenciones irregulares destacan
las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmon e IGMAN
domiciliadas en Barcelona. Sólo estas dos entidades habrían recibido en
el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.

Según las citadas fuentes, la operación es el resultado de dos años de investigación de agentes de la UDEF.

Fuentes judiciales han explicado a este diario que la operación se
centra en un supuesto reparto irregular de fondos hacia estas entidades,
en su mayoría relacionadas con cargos de la antigua Convergència, pero
que, en principio, no habrían servido para financiar el proceso
soberanista. Unos 200.000 euros fueron a parar a varias patronales y
cofradías mientras que también recibieron consultoras o empresas
relacionadas con el medio ambiente.

Algunas de las adjudicaciones fueron a dedo, ya que según la normativa
siempre que no superen los 18.000 euros se puede hacer sin publicidad.
El juez, que se encuentra en los registros en las sedes de la Diputación
de Barcelona, investiga a cargos de esta entidad que después pasaron a
la Generalitat bajo el gobierno de Artur Mas.

Los agentes desplegados procederán a diferentes registros, entre ellos
en sedes de la Generalitat y en la Diputación de Barcelona, así como en distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro.

La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían
concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos.

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de
que incluían fondos para financiar la proyección exterior y otros
aspectos del plan independentista impulsado por el Govern de Carles
Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de
los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.

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