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Coronel Camacho: "En Cataluña ni hay Estado de Derecho, ni existe
control sobre el orden público". Imprescindible aplicar el artículo 116 (declaración de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio)
OPINIÓN PUBLICADO EL MIÉRCOLES, 12 DICIEMBRE 2018 10:28 ESCRITO POR
DIEGO CAMACHO
https://latribunadeespana.com/opinion/coronel-camacho-en-cataluna-ni-hay-estado-de-derecho-ni-existe-control-sobre-el-orden-publico#disqus_thread
Diego Camacho, coronel retirado, licenciado en ciencias políticas,
fecundo conferenciante, escritor y ex agente del CESID es uno de los columnistas de lujo de los que puede presumir la Sección de Opinión de
La Tribuna de España. En una situación límite -como la que vive nuestra nación- y con una "prensa del sistema" que silencia la realidad y
adoctrina a los ciudadanos en el "pensamiento único", resultan
imprescindibles opinones disidentes de personalidades de sobrada
acreditación profesional y demostrado patriotismo. Por eso, el artículo
de hoy de Diego Camacho tiene un interés excepcional para esa "selecta minoría" que no se cree las mentiras de los telediarios y que busca una información distinta y distante de la que ofrece este putrefacto Régimen
del 78, que nos va a llevar a la desaparción de España como la patria
que ha sido durante siglos. El cornoel Diego Camacho afirma que "el
artículo 116 permite la declaración de los estados de alarma, excepción
y sitio. El Gobierno dispone de 15 días mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros, en el caso de estado de alarma, tiempo más que suficiente para poner en marcha la aprobación del artículo 155 y las
medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a cumplir la
ley. Si la situación se agravara el estado de excepción o el estado de
sitio, son más recomendables que propiciar el enfrentamiento civil".
¿Rebelión a la eslovena?
La política de apaciguamiento, ideada por Sánchez, para Cataluña ha resultado ser un fracaso y una sorpresa para el Gobierno. El
voluntarismo gubernamental se basaba en dar una serie de concesiones
para que los secesionistas entraran otra vez en razón y pudiera
restablecerse la ley. No tuvieron en cuenta los factores determinantes
de la rebelión, que eran sobre los que debieron actuar para restablecer
la legalidad.
El último estatuto, la corrupción sistémica, la inmersión lingüística,
el adoctrinamiento escolar, la intimidación social en sus variadas
formas, la exclusión de lo español y la comunicación dirigida y sectaria
son los factores determinantes a los que me refería más arriba. Al no
actuar sobre ellos, el independentismo catalán se ha reforzado, no solo
por su fuerza, sino también por la debilidad mostrada desde Moncloa al
no defender sin fisuras el Estado de Derecho y en su lugar practicar un posibilismo complaciente cuando se tensaba la cuerda.
El poco honorable Torra, ha hecho caer de su guindo voluntarista a
Sánchez al recomendar la vía eslovena para la independencia. No ha sido resultado de una reflexión gubernamental. Los secesionistas han vuelto a
dejar patente que la iniciativa política sigue siendo de ellos. El
Gobierno ha sufrido una oscilación; de la debilidad anterior ha pasado
al pánico, pues ahora no sabe que camino tomar y si lo sabe no lo demuestra.
En este escenario de rebelión abierta, mi posición contraria se
fundamenta en la preservación de la soberanía del pueblo español, en la unidad de la nación y en la defensa de nuestro modo de vida: el Estado
social y democrático de Derecho. Una vez fracasados los intentos de
arreglo, negociación y paños calientes variados, los españoles, puestos
en esta disyuntiva, debemos aceptar el desafío, unir nuestras banderas, recuperar la patria para nuestros hijos y el orgullo de pertenecer a una
de las culturas más importantes del mundo por sus aportaciones a la
humanidad.
La Constitución nos permite, dentro de la ley, enfrentar el problema
ilegal suscitado por el nazismo catalán. Que ha utilizado sobre todo el terrorismo sicológico, aunque no descarta llegar pronto al
enfrentamiento civil.
En efecto, el artículo 116 permite la declaración de los estados de
alarma, excepción y sitio. El Gobierno dispone de 15 días mediante un
decreto acordado en Consejo de Ministros, en el caso de estado de
alarma, tiempo más que suficiente para poner en marcha la aprobación del artículo 155 y las medidas necesarias para obligar a la Comunidad
Autónoma a cumplir la ley. Si la situación se agravara el estado de excepción o el estado de sitio, son más recomendables que propiciar el enfrentamiento civil.
Recuperar la iniciativa política, es en la actualidad la prioridad del Gobierno. No hacerlo supone facilitar la radicalización y que la
rebelión vaya ganando etapas. Hablar ahora de negociar como defiende
Podemos es vivir en la irrealidad, facilitar a los separatistas la
iniciativa o ambas cosas. Esta recuperación pasa porque el Estado
gestione las instituciones que se han situado fuera del interés general.
En Cataluña ni hay Estado de Derecho ni existe control sobre el orden público, responsabilidades básicas y que Sánchez debería tener como prioridad y no esos viajes inútiles, como el último a Marrakech para
hablar de Derechos Humanos en un país donde brillan por su ausencia.
El último resorte constitucional para hacer frente al desafío lo
proporciona el artículo 8º de la CE, las Fuerzas Armadas tienen como
misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
El artículo 8º se encuentra en el Título Preliminar de la Constitución, encuadrado en su parte dogmática que es la que contiene los grandes
principios que han de inspirar el desarrollo y la vida de la sociedad y
el Estado. El tener un artículo diferenciado es lógico, al ser las
Fuerzas Armadas un pilar de la identidad nacional y recordar el papel
que desempeñan los Ejércitos en un país democrático como en Europa occidental, Estados Unidos o Japón.
La integridad territorial, puede ser amenazada en casos excepcionales
desde dentro del propio país. Los constituyentes pensaron este artículo
para encarar fenómenos separatistas o secesionistas (como decía Mújica “…o si en algún momento a un gobierno se le cruzan los cables y es
incapaz de defender la nación). Como decía el general Quintana “…un respeto absoluto a la Constitución, que exige de las Fuerzas Armadas una actitud firmemente apartidista, no apolítica. De esta forma podrán
defender a España, su Constitución y sus leyes…la paz es un bien que
debe buscarse, pero no a toda costa. La paz a cualquier precio puede
llegar a ser inmoral”.
Los tres aspectos de su misión, es lo encomendado por la soberanía
nacional a las Fuerzas Armadas. Por ello el mencionado artículo se
encuentra en la parte dogmática y no en la orgánica como se encuentran citados los demás órganos del Gobierno.
¿Rebelión a la eslovena?
La política de apaciguamiento, ideada por Sánchez, para Cataluña ha resultado ser un fracaso y una sorpresa para el Gobierno. El
voluntarismo gubernamental se basaba en dar una serie de concesiones
para que los secesionistas entraran otra vez en razón y pudiera
restablecerse la ley. No tuvieron en cuenta los factores determinantes
de la rebelión, que eran sobre los que debieron actuar para restablecer
la legalidad.
El último estatuto, la corrupción sistémica, la inmersión lingüística,
el adoctrinamiento escolar, la intimidación social en sus variadas
formas, la exclusión de lo español y la comunicación dirigida y sectaria
son los factores determinantes a los que me refería más arriba. Al no
actuar sobre ellos, el independentismo catalán se ha reforzado, no solo
por su fuerza, sino también por la debilidad mostrada desde Moncloa al
no defender sin fisuras el Estado de Derecho y en su lugar practicar un posibilismo complaciente cuando se tensaba la cuerda.
El poco honorable Torra, ha hecho caer de su guindo voluntarista a
Sánchez al recomendar la vía eslovena para la independencia. No ha sido resultado de una reflexión gubernamental. Los secesionistas han vuelto a
dejar patente que la iniciativa política sigue siendo de ellos. El
Gobierno ha sufrido una oscilación; de la debilidad anterior ha pasado
al pánico, pues ahora no sabe que camino tomar y si lo sabe no lo demuestra.
En este escenario de rebelión abierta, mi posición contraria se
fundamenta en la preservación de la soberanía del pueblo español, en la unidad de la nación y en la defensa de nuestro modo de vida: el Estado
social y democrático de Derecho. Una vez fracasados los intentos de
arreglo, negociación y paños calientes variados, los españoles, puestos
en esta disyuntiva, debemos aceptar el desafío, unir nuestras banderas, recuperar la patria para nuestros hijos y el orgullo de pertenecer a una
de las culturas más importantes del mundo por sus aportaciones a la
humanidad.
La Constitución nos permite, dentro de la ley, enfrentar el problema
ilegal suscitado por el nazismo catalán. Que ha utilizado sobre todo el terrorismo sicológico, aunque no descarta llegar pronto al
enfrentamiento civil.
En efecto, el artículo 116 permite la declaración de los estados de
alarma, excepción y sitio. El Gobierno dispone de 15 días mediante un
decreto acordado en Consejo de Ministros, en el caso de estado de
alarma, tiempo más que suficiente para poner en marcha la aprobación del artículo 155 y las medidas necesarias para obligar a la Comunidad
Autónoma a cumplir la ley. Si la situación se agravara el estado de excepción o el estado de sitio, son más recomendables que propiciar el enfrentamiento civil.
Recuperar la iniciativa política, es en la actualidad la prioridad del Gobierno. No hacerlo supone facilitar la radicalización y que la
rebelión vaya ganando etapas. Hablar ahora de negociar como defiende
Podemos es vivir en la irrealidad, facilitar a los separatistas la
iniciativa o ambas cosas. Esta recuperación pasa porque el Estado
gestione las instituciones que se han situado fuera del interés general.
En Cataluña ni hay Estado de Derecho ni existe control sobre el orden público, responsabilidades básicas y que Sánchez debería tener como prioridad y no esos viajes inútiles, como el último a Marrakech para
hablar de Derechos Humanos en un país donde brillan por su ausencia.
El último resorte constitucional para hacer frente al desafío lo
proporciona el artículo 8º de la CE, las Fuerzas Armadas tienen como
misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
El artículo 8º se encuentra en el Título Preliminar de la Constitución, encuadrado en su parte dogmática que es la que contiene los grandes
principios que han de inspirar el desarrollo y la vida de la sociedad y
el Estado. El tener un artículo diferenciado es lógico, al ser las
Fuerzas Armadas un pilar de la identidad nacional y recordar el papel
que desempeñan los Ejércitos en un país democrático como en Europa occidental, Estados Unidos o Japón.
La integridad territorial, puede ser amenazada en casos excepcionales
desde dentro del propio país. Los constituyentes pensaron este artículo
para encarar fenómenos separatistas o secesionistas (como decía Mújica “…o si en algún momento a un gobierno se le cruzan los cables y es
incapaz de defender la nación). Como decía el general Quintana “…un respeto absoluto a la Constitución, que exige de las Fuerzas Armadas una actitud firmemente apartidista, no apolítica. De esta forma podrán
defender a España, su Constitución y sus leyes…la paz es un bien que
debe buscarse, pero no a toda costa. La paz a cualquier precio puede
llegar a ser inmoral”.
Los tres aspectos de su misión, es lo encomendado por la soberanía
nacional a las Fuerzas Armadas. Por ello el mencionado artículo se
encuentra en la parte dogmática y no en la orgánica como se encuentran citados los demás órganos del Gobierno.
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